Cómo funciona el programa de Protección de Testigos al que pidió acceder Mario Zavala

El ex viceministro de la Legalidad condenado por la Justicia Federal junto a Sergio Freixes por coacción agravada, hizo explotar una bomba este miércoles y desató otro escándalo en el Gobierno que conduce Alberto Rodríguez Saá: denunció en la Comisaría 7º que dos policías de San Luis lo amenazaron de muerte y lo golpearon para que “no hable” ni de Alberto Rodríguez Saá ni de Freixes.

Las amenazas, en las que mediaron golpes que hasta lo dejaron inconsciente, las recibió en el marco de lo que sería una serie de planteos en Buenos Aires ante la Cámara de Casación Penal.

“No nombres ni a Freixes ni al Alberto (Rodríguez Saá)”, le ordenaron los efectivos que llegaron hasta su casa.

En medio de ese contexto, Zavala pidió ingresar al sistema de Protección de Testigos.

El subsecretario de Justicia y Política Criminal del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Juan Benítez explicó el funcionamiento del programa requerido por Zavala, en declaraciones al programa Dale que Va, por Radio Nacional.

Informó que la medida consiste en un instrumento de colaboración donde el sistema de la Justicia Federal brinda protección a las personas (ya sean testigos, imputados o condenados) que hayan aportado algún tipo de información para determinadas investigaciones, y que por ese motivo corren riesgo de vida, ya sea en lo personal o en el entorno de sus allegados.

De acuerdo a lo que explicitó, para poder ingresar al sistema en primer lugar debe haber un requerimiento solicitado por un juez (Zavala completó este paso de la mano de Piña). Ese pedido tiene que estar avalado por el fiscal que interviene en la causa.

Por último se busca contar con la aceptación por parte del solicitante, para acceder voluntariamente al sistema.

“La incorporación supone una serie de medidas de Seguridad que van a cambiar la vida de la persona porque la finalidad es evitar que le pase algo. Hay bastantes restricciones que se pueden imponer de acuerdo al análisis de riesgo, que pueden consistir desde el traslado del lugar en donde vive hasta la sustitución de la identidad”, señaló.

Si se accede a la participación, un equipo interdisciplinario evalúa si los solicitantes pueden adaptarse a las distintas disposiciones que surjan. Luego, cuando se traza el esquema de seguridad, se les vuelve a consultar si aceptan las condiciones y finalmente ingresan al programa.

El mismo tiene un lapso de 6 meses para reconstruir la vida de los solicitantes del modo más parecido al que tenían antes del inconveniente, pero puede llegar a durar varios años si la amenaza persiste. Actualmente hay personas que hace 8 años integran el programa.

Explicó que en esa línea se van desarrollando evaluaciones de seguridad para analizar si hay que concretar ajustes al plan o asignar una medida adicional mientras avanza la causa.

“El equipo interdisciplinario evalúa el riesgo, no sólo las constancias de las causas y el grupo criminal al que se apuntó en el pedido, sino que se analiza el alcance de esa organización, hasta dónde puede llegar, cuáles son los grupos de influencia, y de esa manera vamos evaluando el riesgo”, detalló.

En algunos casos donde se pide la medida para un grupo familiar, puede darse que un integrante se niegue a formar parte del programa, sobre todo porque en algunas circunstancias implica un cambio rotundo de vida. En ese sentido es fundamental la voluntariedad.

Por otro lado consignó que hay varias instancias en las que se puede dejar de pertenecer al sistema de protección. Un beneficiario puede ser excluido en el caso de que viole las condiciones que se le impusieron para la permanencia.

Lo mismo puede ocurrir cuando culmina el riesgo porque la causa concluyó o porque la persona de donde viene la amenaza falleció.

“La misión del programa es garantizar la integridad física de las personas que colaboraron con la administración de Justicia; es una herramienta fundamental para los casos de criminalidad organizada, narcotráfico, trata, secuestros extorsivos, corrupción”, puntualizó Benítez.

“Es una herramienta fundamental porque genera confianza en la persona que tiene que aportar algo a una causa, sabe que hay un equipo que lo protegerá. Además genera un círculo virtuoso donde la sociedad advierte la existencia de un dispositivo del Estado que garantizará su integridad”, añadió.

El programa no paga sueldos pero se hace cargo de los gastos que se requieran para lograr reinsertarse en la nueva vida. Por ejemplo, en algunas situaciones que implican una relocalización se deben generar las condiciones de un nuevo empleo.

El sistema se creó en 2003, y según sostuvo Benítez, cuando llegaron a la gestión en 2015 “tenía una estructura limitada, con recursos limitados, y accionar limitado”.

“Tenían un promedio de 41 casos anuales, hoy tenemos unos 151 al año, tenemos intervención en todo el país. Antes estaba limitado a Buenos Aires y no contaban con la tecnología incorporada”, remarcó.

Cerca del final recordó que han crecido paulatinamente y han llegado a participar de una capacitación en Canadá, donde se encuentra el mejor programa de protección de testigos del mundo.

Ello les permitió ingresar a la red Europol, posicionando así a la Argentina como el único país latinoamericano en la red.

En cuanto al caso concreto de Zavala manifestó que ha cobrado trascendencia, pero desde el programa evitan que estas circunstancias sean públicas ya que la confidencialidad es clave a la hora de la eficacia en el trabajo.

“El grado de custodia que tendrá lo deberá evaluar el equipo interdisciplinario y el equipo de riesgo. Hacemos (en todos los casos) un análisis previo para evaluar el riesgo y lo que deberemos aplicar, eso se comunica a la persona; en cuanto esos análisis estén efectuados tendremos alguna novedad, pero insisto, la confidencialidad es un elemento central para el éxito del programa”, concluyó.